La economía solidaria en la agenda progresista latinoamericana

Por Dr. Pablo Guerra

Sociólogo

Hace pocas semanas, el gobierno venezolano concretó la creación de un nuevo ente gubernamental: el Ministerio para la Economía Popular. Se trata de una vieja aspiración por parte de la administración de Chávez, en el sentido de profundizar su apoyo a las economías solidarias y por esa vía encaminarse hacia el robustecimiento de lo que nuestros hermanos venezolanos bien llaman una “economía endógena”.

Este esfuerzo, se enmarca en una serie de cambios significativos ocurridos en materia de políticas públicas en nuestro continente. Recordemos, por ejemplo, que dos años atrás, en uno de sus primeros actos administrativos, Lula Da Silva anunciaba la creación de la Secretaría de Economía Solidaria, una entidad muy esperada por miles de organizaciones sociales y populares que venían luchando desde el llano por darle un nuevo sentido a sus experiencias económicas, y que recae en Paul Singer, uno de los economistas más emblemáticos del PT. En Argentina, por su lado, con la asunción de Kirchner comienza a tener protagonismo el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, un organismo descentralizado adscrito al Ministerio de Desarrollo Social que a su vez ejecuta desde hace un par de años el Plan de Desarrollo Local y Economía Social, con el objetivo de integrar a decenas de miles de excluidos mediante el trabajo asociado.

En todos los casos, parecería haber entre los citados gobiernos progresistas del continente, una fuerte predisposición a apoyar un sector de la economía que puede constituirse en un actor muy relevante desde el punto de vista de las nuevas práxis económicas. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, ya se refiere a este sector como fundamental en materia de una “revolución económica” que necesariamente debe comenzar por atacar las bases de un modelo neoliberal caracterizado entre otras cosas, por haber privilegiado al capital sobre el trabajo humano.

Nuevamente en esta materia la sociedad civil constituyó el escenario donde las experiencias renovadoras comenzaron a operar. No se trata, al estilo de las ideologías sesentistas, de construcciones teóricas ex ante, sino de prácticas ya existentes, en algunos casos robustecidas por años de lucha y resistencia, que ahora son reconocidas por el poder político no solo como salidas meramente económicas para los excluídos, sino además -y fundamentalmente- como semillas de una nueva realidad. A lo largo y ancho de América Latina hemos sido testigos del dinamismo socioeconómico demostrado por nuestros pueblos: el MST en Brasil; las Ferias Populares de Barquisimeto en Venezuela; Maquita Cuschunchic en Ecuador; las comunidades nativas en los países andinos o entre las culturas mayas; Villa El Salvador en Lima; el desarrollo cooperativo en San Gil, Colombia, o el recientemente premiado por las Naciones Unidas, Proyecto Nasa también de Colombia; las redes de comercio justo, las experiencias de trueque solidario, o los bancos populares, nacidos y sostenidos en muchos de nuestros países, son solo algunos de los ejemplos alentadores.

En Uruguay, mientras tanto, y más allá de numerosas experiencias que ya tienen mayoría de edad, la crisis social derivó entre otras repercusiones, hacia una mayor toma de conciencia acerca de la necesidad de incorporar la mirada solidaria en los asuntos económicos. Es así que desde cada rincón del país, han surgido notables experiencias de producción, consumo y ahorro, que demuestran en los hechos cómo no solo es deseable, sino además posible, aunar cierta eficiencia económica con comportamientos solidarios y cooperativos. Incluso en una tendencia que muy probablemente no detenga el crecimiento económico, al menos si continúa siendo un crecimiento inequitativo, ciertas ONGs que trabajan con sectores muy vulnerados por los procesos de exclusión de los últimos tiempos, han comenzado a impulsar, monitorear y desarrollar, experiencias de economía solidaria entre los sectores populares.

Lo novedoso y atractivo de este movimiento, es que no solo promueve la idea de que las salidas en solitario deben dar paso a las salidas en solidario (de solidum, hacer las cosas en conjunto), sino que además –parafraseando al Foro Social Mundial- apuntan a demostrar que otra economía es posible.

Los emprendimientos populares, de base asociativa, cooperativa y solidaria, sin embargo, no tienen en Uruguay ningún sustento desde las políticas públicas. Es de esperar que el necesario análisis comparado, contribuya a impulsar aquellas herramientas de desarrollo social que potencien un sector de fundamental importancia.