1. Economía “a
secas” y Economía Política[1]
Para
quienes estudiamos economía y participamos activamente en los debates de los
años 60 y 70, el campo de la teoría económica estaba dividido por un fuerte
enfrenamiento entre la Economía Política y la Teoría Económica Neoclásica. Esta
última no ocultaba su pretensión cientificista, dibujando en los pizarrones una
teoría económica modelizada en lenguaje matemático, que se autopresentaba como “la”
teoría de lo económico. Su utopía latente[2]
era la del mercado de competencia perfecta en que interactuaban
demandantes-consumidores y oferentes-productores. Se construían los modelos con
el supuesto de que los consumidores individuales tomaban decisiones
calculadamente racionales, con plena información, y que buscaban maximizar su
satisfacción con la selección de la mezcla óptima de usos de su tiempo
(trabajo/ocio) y de usos de su ingreso entre la compra de una canasta de bienes
y el ahorro. Del otro lado, se suponía la vigencia del tipo ideal de empresa
capitalista, que buscaba maximizar su ganancia escogiendo con plena información
la combinación de productos, mercados y tecnologías más adecuados, y que
utilizaba sus ingresos por ventas para renovar su capital fijo, contratar
trabajadores, distribuir ganancias o invertir en la expansión de sus negocios.
Compraba sus materias primas y medios de producción en los mercados de insumos,
maquinarias, instrumentos de producción, a otras empresas, con lo cual también
era demandante. Sus decisiones estaban influidas por los precios y productos
ofrecidos y demandados en los mercados que se vinculaban hacia atrás o hacia
delante en las cadenas productivas, o en los mercados de bienes y servicios de
consumo final. La teoría demostraba que si hubiera competencia perfecta las empresas pugnarían por bajar sus costos
y mejorar la calidad de sus productos, y que al competir entre sí transferirían
el progreso económico a los todos los consumidores.[3]
Esos tipos ideales no estaban construidos, como indicaría Max Weber, en base al riguroso estudio empírico de realidades históricas, sino como desarrollo especulativo, axiomatizado bajo la forma de teoremas entrelazados en una teoría de gran elegancia en el lenguaje pero escasa vinculación con el mundo real. Sin embargo, el economista puesto a decidir, particularmente como funcionario del Estado, admitía en la práctica que, en la medida que las premisas de los teoremas no se cumplían, estaban permitidas diversas formas de intervención del Estado, para “perfeccionar el mercado real”. Así, era un tema admisible (en el capítulo ad-hoc denominado “Economía del Bienestar”), hablar del bien común como si la sociedad fuera un gigantesco sujeto que podía decidir cuales eran sus preferencias (los teoremas pretendían mostrar que esto se lograba de manera coherente si cada individuo buscaban su máxima satisfacción de manera egoísta) y hacer referencia a la contradicción entre los beneficios privados y los beneficios sociales. Se hablaba de “los costos sociales de la empresa privada”.
En
esto del oficio del economista entró a terciar con fuerza la vertiente
keynesiana de la teoría económica, que confrontó con gran eficacia a la teoría
neoclásica y sus increíbles supuestos sobre el comportamiento de los agentes
económicos. Así, disputó las pizarras de la academia con sus propios modelos
despersonalizados, donde los agentes individuales (y sus teorías de
comportamiento) desaparecían, y lo que se modelizaban eran relaciones entre
variables macroeconómicas o agregados sectoriales. El término “propensión “ (al
consumo, al ahorro) no se refería a personas sino a funciones agregadas
resultantes de la interacción de múltiples actores, predecibles
estadísticamente. De hecho, el Keynesianismo cumplió el papel de afirmar y hace
más plausible la idea de “objetividad” de la economía como esfera con sus leyes
propias (que había que respetar para actuar racionalmente). A la vez, puso en
el centro al súper-actor llamado Estado, representado o substituyendo con sus
expertos al conjunto de deseos de la sociedad.
Como
resultado de esta combinación de micro y macroeconomía (división del trabajo
que sólo recientemente comienza a ser cuestionada, al aparecer enfoques de la
economía institucional, que entre otras cosas prestan atención a los niveles
mesoeconómicos), el Estado estaba habilitado no sólo para actuar sobre los
grandes agregados económicos: balances de entrada y salida de capitales, ahorro
e inversión, balance comercial, moneda y crédito, e incluso la distribución del
ingreso, sino para interferir con los precios de mercado, garantizando la
posibilidad de que el salario cubriera una canasta considerada básica, pudiendo
proteger el mercado interno hasta que las empresas nacionales fueran
competitivas a nivel internacional, asumiendo directamente la producción no
sólo de bienes públicos -definidos ampliamente para un país con mercados que
fácilmente tendían a la monopolización o a cercenar la soberanía para definir
un camino de desarrollo- como la educación, la salud, la seguridad social, la
seguridad física, la justicia, la provisión de agua potable, la energía, la
construcción de infraestructura, el crédito de largo plazo para la vivienda,
etc. Podía, además, incidir sobre los precios relativos para beneficiar a
determinados agentes económicos o promover que sus decisiones produjeran el
desarrollo de regiones postergadas o el de sectores considerados estratégicos,
o para mejorar la distribución de los resultados de la economía, mediante la
fijación de precios máximos o precios sostén, fijando tipos de cambio,
manipulando adecuadamente el sistema impositivo, ejerciendo un poder normativo
en el mercado de trabajo, etc.
El
núcleo neoclásico de la teoría económica quedó por largo rato subordinado y
tuvo que compartir los pizarrones porque no podía responder articuladamente a
la crítica académica, pues tenía serios problemas de consistencia encarados en
memorables debates que tarde o temprano llegaban a América Latina. Entre ellos
no era menor la negación sistemática de seguir sus propias normas
epistemológicas, que indicaban que lejos de ser verdades, los enunciados de la
teoría eran hipótesis que debían ser puestas a prueba contrastándolas con
evidencia empírica. Sin embargo, en su práctica –vehiculizada principalmente
por los economistas que trabajaban para el Estado o para organismos como la
CEPAL- se incorporaba pragmáticamente como parte de un paradigma
político-económico que finalmente veía al mercado como un instrumento que debía
ser puesto al servicio del desarrollo nacional representado en la idea de
Proyecto Nacional. La tecnocracia nacional e internacional se formó en las
metodologías e implementó los sistemas de indicadores cuantitativos que
permitieran jugar el juego interminable de una política estatal para el
desarrollo que recomenzaba una y otra vez desde cero, que no parecía aprender
de su propia práctica y, que, por sobre todas las cosas, no se evaluaba, como modelo de política, por sus
resultados ni por la calidad de sus procesos.
Por
su parte, la Economía Política
disputaba con fuerza ese espacio de la aproximación científica a lo económico,
usando un lenguaje sociológico o filosófico, apuntando directamente a la
totalidad, y evadiendo no sólo el individualismo metodológico (según el cual se
puede construir una teoría de la totalidad de la economía combinando modelos de
comportamiento de consumidores y empresas individuales con un mecanismo de
interacción en el mercado) sino los análisis microeconómicos y estadísticos
mismos, pensado los sujetos en términos
agregados de clases sociales, grupos económicos, sectores diferenciados por su
función en el proceso de acumulación de capital, etc.
La
Economía Política jugaba un papel develador en dos líneas: (a) mostrando que el
sistema capitalista como tal, mal o bien regulado, con un Estado más o menos
benefactor, era en esencia un sistema de explotación del trabajo por el
capital, y que, sea por sus contradicciones económicas internas o por la lucha
social y política de clases, estaba condenado a su extinción. Para esta
corriente, de poco servía operar instrumentalmente sobre los mercados, la
cuestión pasaba por cambiar las relaciones de poder político y, en última
instancia, se trataba de lograr una gran alianza de los trabajadores a nivel
mundial, única respuesta posible cuando el capitalismo tendía a ser un sistema
mundial; (b) mostrando las estructuras de poder ocultas detrás de las
apariencias de un mercado competitivo y un Estado regulador en nombre de un
bien común definido ideológicamente. Los grupos económicos, sus conflictos y su
accionar para incidir en el Estado eran sacados a luz, la privatización de los
beneficios de la intervención estatal eran estimados (la promoción del
desarrollo regional era denunciada porque transfería recursos a determinados
grupos económicos), y se veía al lado social del Estado como cumpliendo la
función que hoy denominaríamos gobernabilidad en un sistema basado en la
injusticia social. Sin embargo, en lo político se hablaba de alianzas de clase,
fundamentalmente entre la burguesía nacional y los trabajadores asalariados, y
había diversas dosis de defensa de lo nacional.
La
fuerte componente crítico-filosófica de este pensamiento hizo que, salvo
notorias excepciones, tuviera una debilidad en cuanto a su capacidad de realizar
estudios empíricos y hacer propuestas de acción alternativas en el escenario de
la política económica realmente existente. Impregnada de un fuerte
funcionalismo, veía los datos como mistificación de la realidad y perdió buen
parte de su energía en intentar medir el valor trabajo, la plusvalía, la tasa
media de ganancia y los precios de producción, núcleos conceptuales de la
teoría de Marx. El sujeto "histórico” era el proletariado, pero los
marxistas italianos y otros comenzaron a ver que esta corriente tenía un vicio
economicista y que los sujetos no están prefigurados sino que deben ser
constituidos en procesos más abiertos y menos finalistas y teóricamente
dogmáticos. Y que la cultura (y no sólo la propiedad de los medios de
producción) es una esfera central para el cambio social.
Ambas
corrientes de pensamiento: la Economía “a secas” y la Economía Política, fueron
por momentos integradas eclécticamente y sin la rigurosidad teórica que exige
la academia, bajo el paradigma del desarrollismo industrializante, que tuvo
enorme eficacia durante tres décadas, en buena medida por el apoyo decidido de
la Alianza para el Progreso, respuesta de Estados Unidos a la presencia de la
primera revolución socialista en el Continente. (En el caso de la Argentina, ya
había comenzado el desarrollismo con los planes Quinquenales de Perón, pasando
por las propuestas del gobierno de Arturo Frondizi e institucionalizado en la
creación del Consejo Federal de Inversiones a fines de los 50 y del Consejo
Nacional de Desarrollo y las Oficinas Regionales de Desarrollo desde los 60. El
desarrollismo admitió variantes más democráticas o más autoritarias,
dependiendo de las circunstancias de cada país.)
No
es éste el lugar para detallar cómo el desarrollismo y con él el Estado “desarrollista
y del bienestar” fueron sistemáticamente destruidos y desplazados junto con la
agresiva reentrada de la teoría económica neoclásica, que se convirtió en el
brazo pseudocientífico del gran proyecto neoconservador encabezado notoriamente
por Ronald Reagan y Margaret Thachter, desplazando a la vez al Keynesianismo y
a las diversas variantes de Economía Política. (En el caso de Argentina comenzó
mucho antes, con la Dictadura Militar del 76, aunque iba a tener su expresión
más acabada bajo el Menemismo; en el caso de Chile fueron los Chicago Boys del Pinochetismo los que
representaron el regreso de la ideología de libre mercado, más conocida como
neoliberalismo)[4].
La
caída del socialismo soviético posibilitó una estrategia de poder que fue en
sus inicios un poder hegemónico, por la fuerza del capital financiero liberado
de la intervención estatal en nombre del bien común nacional o global, y sobre
todo por la eficaz incorporación al sentido común del principio supuestamente
antiautoritario del “libremercado total”. Según ese principio, el Estado es
intrínsecamente totalitario e ineficiente, y la mejor manera de organizar toda
actividad humana es mediante la formación de mercados, donde los individuos
compiten entre sí como oferentes o demandantes privados, mientras que los
precios se forman sin otra intervención que la interacción sin responsables de
la oferta y la demanda.
Esa
hegemonía se está desvaneciendo, ante la comprobación de que la expectativa de
que todos vamos a vivir mejor si liberamos al mercado fue una ilusión que ni
siquiera sostienen ya los representantes del poder político y económico
(centralizado como nunca antes gracias a la eficacia de esa ideología para
facilitar sus operaciones), y que la concentración de la riqueza, el ingreso y
el poder -y su contrapartida de exclusión social y política-, y el descuido del
ecosistema planetario que esto ha generado, ponen en riesgo no sólo la
autodeterminación de los pueblos de la periferia capitalista sino la vida misma
en el planeta. La respuesta ante la protesta de países y sociedades por parte
de la única superpotencia actual es cada vez menos respeto a la ley
internacional y más militarismo, lo que además agrega un elemento de riesgo
adicional al destino de la humanidad.
2. La economía
social
Vamos
a adoptar en esta presentación el término “Economía Social”, por su estatus
teórico ya alcanzado y para contraponerlo a las dos vertientes anteriores
(Economía “a secas” y Economía Política). Nos referimos a una concepción que
pretende superar la opción entre un Estado planificador y regulador de la
economía y el mercado capitalista. El primero, porque sustrae poder de la
sociedad y asume la representación de un bien común nacional, actuando como
delegado que, en ausencia de una democracia sustantiva, fácilmente cae en la
tentación de obedecer a los intereses de los grupos económicos más
concentrados, haciendo “gobernable” un sistema injusto y socialmente
ineficiente. El mercado capitalista,
porque es dominado por el poder de los grupos monopólicos, que manipulan los
valores, necesidades y formas de socialización a través de su control de la
comunicación social y además ahora tiende a excluir ingentes mayorías del
derecho mismo a ser consumidor y productor. Esa superación se hace evitando la
separación entre economía y sociedad que caracteriza al paradigma neoclásico.
De allí su denominación de “Economía Social”.
Esta
vertiente –bajo diversas variantes, como ya veremos- ve la posibilidad de
desarrollar una socioeconomía, en que los agentes económicos no son escindidos
de sus identidades sociales, mucho menos de su historia y de su incrustación en
el mundo simbólico e institucional que denominamos cultura. Al ver la economía
como inseparable de la cultura, la Economía Social la mira como espacio de acción
orientado no por individuos utilitaristas buscando ventajas materiales,
sino por individuos, familias, comunidades y colectivos de diverso tipo que
se mueven dentro de instituciones decantadas por la práctica o acordadas como
arreglos voluntarios, que actúan haciendo transacciones entre la utilidad
material y valores de solidaridad y cooperación, limitando (no necesariamente
anulando) la competencia, poniendo límites al mercado capitalista y, si es
posible, construyendo mercados donde los precios y las relaciones resultan de
una matriz social que pretende la integración de todos con un esfuerzo y unos
resultados distribuidos de manera más igualitaria. Para esta visión, el
desarrollo de la vida de las personas y comunidades es favorecido por la acción
colectiva en ámbitos locales, donde los conflictos de intereses y la
competencia pueden ser regulados de manera más transparente en presencia de la
sociedad, donde las relaciones interpersonales fraternales puedan afianzarse
sobre vínculos productivos y reproductivos de cooperación, generando
asociaciones libres de trabajadores antes que empresas donde el trabajo es
subordinado al capital autoritario por la necesidad de obtener un salario para
sobrevivir.
Esta
economía es social porque genera
sociedad y no sólo utilidades económicas, porque genera valores de uso para
satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades
–generalmente de base territorial, étnica, social o cultural- y no está
orientada por la ganancia y la acumulación de capital sin límites. Porque
vuelve a unir producción y reproducción, bajo la forma de producir para
satisfacer mejor las necesidades acordadas como legítimas por la misma
sociedad. Pero para ser socialmente eficiente no le alcanza con sostener
relaciones de producción y reproducción de alta calidad. Su fundamento es sin
duda el trabajo y el conocimiento encarnado en los trabajadores y sus sistemas
de organización, pero la base material de la economía exige contar con medios
de producción, crédito, tener sus propios mercados o competir en los mercados
que arma el capital. Y para eso debe competir por las voluntades que orientan
las decisiones económicas individuales y también competir con las
organizaciones capitalistas en sus mercados, pero sin para ello caer en la
objetivación propia de la empresa capitalista, que ve a las personas como
sustituibles y sus necesidades como un “gancho” para incentivarlas a contribuir
a la eficiencia empresarial. Debe también reservar una parte de sus resultados
económicos para reinvertir en sí misma o en su entorno. Pero esta no es
acumulación en el sentido capitalista, pues está subordinada a la satisfacción
de necesidades y a la calidad de las relaciones sociales y no se basa en la
explotación del trabajo ajeno.
Las
organizaciones de la economía social pueden ser denominadas “empresas”, pero no
son empresas capitalistas “con rostro social, o humano”. Su lógica es otra: contribuir a asegurar la reproducción con
calidad creciente de la vida de sus miembros y sus comunidades de pertenencia
o, por extensión, de toda la humanidad. Su gobierno interno se basa en la
deliberación entre miembros que tienen cada uno un voto, pero admite la
división del trabajo, sistemas de representación y control de las
responsabilidades. No están exentas de desarrollar prácticas que conspiran
contra los valores trascendentes o los objetivos prácticos declarados, pero
desde el inicio se autodefinen como “sin fines de lucro”, lo que no las vuelve
anticapitalistas, pero si no-capitalistas. Su confrontación o competencia –en
los mercados, en el territorio, en el Estado, en la sociedad- con el sistema de
empresas capitalistas, requiere como estrategia ensanchar continuamente el
campo de la economía social, para que las relaciones medidas por los mercados
puedan tener ellas también una dosis de solidaridad y de precio justo, al ser
crecientemente transacciones entre empresas de la economía social. Ello implica
que una parte de los excedentes de estas organizaciones se dedique a expandir
el sector creando o subsidiando las etapas iniciales de otras organizaciones
que comparten su lógica, y que pueden ser de muy diverso tipo. Por ejemplo:
La
lógica de la Economía Social no es anti-Estado. Por el contrario, aunque admite
la necesidad de cobrar autonomía desde la misma base económica de la sociedad,
a la vez se propone incidir crecientemente en la encarnación de sus valores en
el seno de la administración pública y del sistema político. Las formas de
gestión participativa a nivel local, la creación de foros participativos para
definir políticas sectoriales, las instituciones del presupuesto participativo
o de la planificación estratégica participativa, así como la organización de
frentes de acción colectiva para modificar las políticas del Estado a favor
de regular a la economía y los mercados
capitalistas, de fomentar –incluso normativamente- la economía social, y de
practicar en general la democracia participativa, son recursos que hacen parte
fundamental de la economía social.
También
es posible, dentro de esta crisis de legitimidad del sistema capitalista
global, inducir la encarnación de valores de la economía social en el mundo de
las empresas, favoreciendo la cogestión y otras formas de reparto de las
utilidades y de definición del salario y las condiciones de trabajo, si es que
no la recuperación de empresas por los trabajadores organizados
cooperativamente. Los sindicatos de base democrática, no cooptados por el capital,
juegan aquí un papel central, pero también las organizaciones barriales,
ecológicas, pacifistas, antiglobalización, de género, étnicas y sociales en
general, al imponer una mayor responsabilidad social a las empresas privadas.
3. La promoción
de la economía social: la diversidad de proyectos como recurso
Ante
la exclusión masiva generada por el sistema socioeconómico dominante,
individuos, familias, grupos, y
comunidades han desplegado múltiples iniciativas de sobrevivencia,
innovando o volviendo a viejas prácticas. En parte han sido ayudados a esto por
organizaciones que han canalizado recursos para la sobrevivencia e impulsado la
asociación, la formación de redes o determinados modelos de acción. Esas
intervenciones han estado en gran medida focalizadas en los sectores más
golpeados, los indigentes, los pobres, los excluidos. Sin embargo, el sistema
ha generado también otro fenómeno que debe encontrar respuesta: la polarización
social y la estigmatización de la pobreza y la indigencia, condiciones del
sistema para sostener social y políticamente el modelo asistencialista como la
cara buena (política) de la globalización del capital (economía). Se ha
asociado pobreza con delincuencia, con droga, con ilegalidad, con
irracionalidad, con incapacidad. Cuando ya logramos dejar de hablar de
“discapacitados” y hablamos y actuamos en relación a personas con capacidades
especiales, el proyecto conservador requiere etiquetar como discapacitados a
los pobres, y someterlos a procesos de ghetización, separación, saneamiento
social.
Entonces,
la Economía Social no puede ser para los pobres, sino que debe ser una
propuesta para todos los ciudadanos que además
se asegura de lograr la inclusión de los pobres, de los excluidos. No se
trata de hacer que “aguanten” hasta que se reactive la economía y el empleo,
porque no se van a reactivar al punto de reintegrar a los hoy excluidos, al
menos no en varias décadas y, mientras tanto, las perdidas de vidas humanas
biológicas sociales e intelectuales serán irrecuperables. Se trata de activar ya
las capacidades de todos los ciudadanos, y propiciar el desarrollo de lazos
sociales vinculados a la satisfacción de una amplia variedad de necesidades
materiales, sociales y de la recuperación de los derechos de todos. Ni siquiera
una variante como la de la Economía
Solidaria puede proponerse resolver sólo las necesidades de los más pobres,
pues esto no se logra efectivamente sin construir estructuras que asuman la
responsabilidad por las necesidades de todos. Y sin generar un espacio público
donde todas las necesidades particulares puedan exponerse y legitimarse
democráticamente. Esto requiere de proyectos y programas de acción compartidos
por actores heterogéneos.
Afortunadamente,
no comenzamos de cero. La economía social tiene una historia riquísima,
generalmente asociada a las luchas de los trabajadores en su confrontación con
el capital. Tiene, como la misma historia del movimiento obrero, diversas
corrientes y sus variantes, una pluralidad de fuentes ideológicas y
político-partidarias, diversas matrices culturales. Las iniciativas pueden ser
más o menos anárquicas y antisistémicas o responder a proyectos explícitos de
construcción de otro sistema social o político. En sentido amplio, aunque se
presente como a-político, todo proyecto que propicie la Economía Social como
sistema es político, porque pretende transformar la realidad por la acción
colectiva.
En
algunos de sus orígenes –mutualismo, cooperativismo, comunidades autónomas,
etc.- a comienzos del Siglo XIX, tenía una clara pretensión de defender los
intereses de la clase obrera ante el capitalismo salvaje, pero también de
constituirse en sistema alternativo. Y no estuvo ajeno al pensamiento utópico
(los anarquistas, los utopistas ingleses, Marx, para nombrar algunas vertientes
principales) pero su discurso estaba muy entramado con el discurso movilizador
y propositivo para la clase obrera, nacional o internacional. Recién con el
auge del cientificismo se da una creciente separación entre el pensamiento
teórico y la observación objetivante, por un lado, y el activismo, por el otro.
Hoy, creemos, vuelven a converger la pretensión de profundidad teórica con la
eficacia del discurso político.
El
Estado Socialista y el Estado Capitalista del Bienestar, productos del Siglo
XX, habrían venido a cooptar, subsumir o controlar ese rico movimiento desde la
sociedad. La pérdida de vigencia y realidad del Socialismo Estatista y la
retirada del Estado Social -por acción de la revolución política conservadora y
el avance de los poderes del mercado- habrían vuelto a generar condiciones
sociales que promueven estrategias defensivas, ya no sólo individualistas -que
han mostrado que no permiten superar la exclusión masiva- sino colectivas,
asociativas.
Se
reactivan o surgen nuevas propuestas y programas de acción para generar un
sector de Economía Social como el descrito en el capítulo anterior. Pero no hay
un solo programa sino varios, y ello enriquece la búsqueda -que no puede
resumirse en volver al siglo XIX- porque estamos en otro momento de la historia,
porque la globalización del capital financiero requiere repensar la comunidad
local en su vinculación con fuerzas sociales nacionales y trasnacionales,
porque las nuevas tecnologías pueden ser vistas como un recurso fundamental
para desarrollar un sistema alternativo de autogobierno, de gestión de las
necesidades y de integración por el trabajo social. Porque hemos aprendido
mucho y dolorosamente sobre los límites de la democracia delegativa y de la
separación entre gestión experta y soberanía popular.
En
esta búsqueda, que hoy se da en todo el mundo, Norte o Sur, Este u Oeste, la
diversidad y hasta la competencia se manifiestan a veces de maneras
superficiales, luchando por imponer tal o cual denominación: economía social,
economía solidaria, empresa social, economía popular, cooperativismo, economía
del trabajo, etc. etc. A nuestro juicio no hay respuesta única, y sería un
grave error buscarla y mucho menos pretender decidirla con la imposición de un
nombre. Las diferencias culturales, históricas, políticas y económicas de
partida hacen imprescindible dejar abierto el campo a la experimentación
responsable y al intento de gestar nuevas construcciones históricas aprendiendo
colectivamente de nuestra propia experiencia y de las experiencias de otros en
la organización de nuevos sistemas de producción y reproducción. Esta es una
base fundamental para ampliar el espacio de lo que podemos pensar como posible
tecnológica, social y políticamente.
Esto
no implica renunciar –todo lo contrario- a la sistematización teórica, a partir
del reconocimiento crítico del enorme caudal de experiencias desplegado por los
trabajadores y sus organizaciones, recuperando los marcos conceptuales capaces
de orientar críticamente esa sistematización y vincularla a la práctica
reflexiva. Para ello, habrá que ir decantando conceptos y diferenciando entre
los teóricos, los normativos y los descriptivos de sentidos predeterminados.
En
tal sentido, hemos propuesto que el concepto de Economía del Trabajo tiene el mayor potencial para organizar el
pensamiento teórico, las investigaciones y el diseño de estrategias ante las
teorías de la Economía del Capital y de la Economía Pública. También hemos
adoptado el término de Economía
Solidaria para definir lo que consideramos es la corriente ideológica más
significativa para impulsar la economía social en América Latina. Y finalmente,
para tener un concepto-paraguas referido a las organizaciones usualmente
entendidas como organizaciones “económicas” voluntarias que buscan a la vez un
resultado económico en sentido amplio (no sólo pecuniario) y un producto en
relaciones sociales, hemos adoptado el concepto de Economía Social.[5]
Por supuesto hay otros términos y otras acepciones de los mismos términos, más
limitadas o más abarcadoras, y tenemos nuestra propia caracterización de ese
campo conceptual y práctico, pero no vamos a desplegarlo aquí, porque lo que
pretendemos es abrir un debate-encuentro donde cada variante, vertiente o
corriente se autopresente, y se diferencie en sus propios términos.
El
sentido del diálogo que hoy abrimos en urbared
es compartir fraternalmente puntos de vista, acumular y valorar experiencias
-actuales, pasadas o proyectos a futuro- partiendo del supuesto de que, aún
cuando cada uno puede actuar “en lo suyo” y en su entorno específico, con sus
propios conceptos y tácticas, los alcances limitados que toda iniciativa puede
tener, aun si pretende ser global, demanda una convergencia estratégica ante la
violencia de un sistema político y económico que no parece reconocer límites
morales a su accionar.
Un
principio para esa convergencia puede ser que todos compartamos los objetivos
de ampliar el mundo del trabajo de calidad humana, autónomo del capital, así
como la democracia participativa construida desde abajo como condición
favorable para intentar refundar el Estado. Que consideremos que es posible y
deseable generar poderes sociales constituyendo sujetos colectivos que
contrarresten las estructuras que ha generado ese sistema-mundo capitalista que
hoy atraviesa una crisis de legitimidad y de racionalidad en sus propios
términos, crisis cuyas consecuencias caen dramáticamente sobre las mayorías
sociales.
Si
tenemos ese punto de apoyo, podemos discutir cómo lograr que la Economía Social
pueda expandirse sin alienarse, generando las bases materiales, institucionales
y políticas de su propia reproducción ampliada, poner condiciones a la Economía
del Capital y a la Economía Pública y ser asumida como una alternativa legítima
y superior, como parte de un marco estratégico de acción, por un amplio
espectro de los ciudadanos y sus organizaciones.
Mayo de 2002.
Artículo central.
Debate Nº4.
[1] Este primer punto intenta presentar muy esquemáticamente la
contraposición entre tres formas de pensar lo económico, que seguramente no
llegará a satisfacer plenamente a los especialistas y que tal vez sea algo
complejo para no economistas. Invito a ambos a pasar al siguiente punto. Pero
siento la necesidad de plantearlo para situar esto que vamos a llamar Economía
Social.
[2] Es de destacar que usualmente los docentes no explicitaban
los presupuestos epistemológicos de esas teorías, presentándolas, junto con las
de vertiente keynesiana, como las teorías económicas. Otras teorías quedaban
relegadas al campo de “historia del pensamiento económico”. Con todo lo que
pueda tener de criticable, al menos en Argentina, esas carreras iniciadas a
fines de los 50 como licenciaturas en economía política eran infinitamente
superiores a las que sobrevendrían después de la dictadura militar y que se prolongan
sin mayor problematización hasta nuestros días.
[3] Algunos “problemas” como la existencia de “economías o
deseconomías externas” (efectos positivos o negativos sobre otras actividades
-como los de la formación de trabajadores en el trabajo o la contaminación y
sus costos- que no pasan por el
mercado), el reconocimiento de que existen bienes públicos que el mercado no
puede organizar en beneficio de la sociedad, la tendencia al monopolio o el
oligopolio, la dificultad del mercado de dar señales de precios a futuro, el
denominado “efecto demostración”, que revelaba que había otro tipo de
interdependencias entre los consumidores y que hasta tenían historia, etc. eran
tratados como anomalías ante las cuales se defendía dogmáticamente el núcleo
duro de la teoría.
[4] Una manera esquemática de diferenciar el liberalismo del
neo-liberalismo es decir que mientras el liberalismo prometía que todos
experimentarían una mejoría en la calidad de sus vidas (acceso creciente al
consumo) individual e intergeneracionalmente, y para eso proponía [Mercado] +
[Estado regulador y redistribuidor], el neoliberalismo reduce el segundo
término al del [Estado que vela por el mercado libre] y en suma reduce la
ecuación a [Mercado monopolista]. Por lo demás, no promete nada: cada uno tiene
que hacerse responsable de obtener sus
propios logros compitiendo con todos los demás, y habrá quienes mejoren y
quienes empeoren su situación a lo largo de la vida. A la vez, la
sobremercantilización de la política que produce el neo-liberalismo vacía la
democracia liberal de su contenido programático, pretendiendo acabar con la
cultura de derechos (entitlements) y
el concepto mismo de ciudadanía.
[5] Este concepto
excluye, por ejemplo, el campo -considerado privado- de las unidades
domésticas, algo que sí incluye y con gran centralidad conceptual lo que
denominamos “Economía del Trabajo”.